¡¡ATENCION, ESTAMOS GRABANDO!!

El pasado lunes día 21 de Abril de 2014, nuestro grupo Unión Progreso y Democracia, ha preguntado para respuesta escrita al Sr. Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Sahagún, sobre una serie de cuestiones relacionadas con el sistema de detección de imágenes y sonido, instalado en el interior de nuestras dependencias con el fin de aclarar las dudas que se nos plantean.
Preguntamos, como es lógico, sobre el coste y la necesidad del servicio, los fines que se persiguen y la cualificación necesaria y autorizaciones administrativas correspondientes de la persona que se va a encargar del tratamiento de las imágenes que allí se grabarán, todas ellas reguladas por la actual Ley Orgánica de Protección de Datos ( LOPD ) 15/1999.
Han pasado ya días suficientes para emitir estas respuestas, y consideramos urgentes las mismas puesto que cada día que pase podemos estar incurriendo en delitos significativos, ya que cada uno de ellos puede suponer una violación del derecho a la intimidad, con multas que pueden llegar, cada una de ellas, a rondar los 600.000 euros si son tipificadas como faltas muy graves.
Resulta que el art. 4.1 de la LOPD dice textualmente “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.
Es por esto por lo que queremos recordar una opinión de una prestigiosa revista jurídica al respecto, en la que se dice “ …..Llegados a este punto cabe plantearnos ¿es proporcionada la grabación del sonido junto con la imagen? La respuesta sería que, en la mayoría de casos, no. La sola grabación de imagen sería suficiente para los fines de vigilancia y todo lo demás sería excesivo en relación con la finalidad perseguida…. “.
Cabe recordar a su vez, a modo de ejemplo, que el principio de proporcionalidad previsto en la Ley, en el caso de que se pretenda un control sobre el personal laboral de una entidad, acepte la grabación siempre y cuando sea imposible ejercer un control personal sobre ellos, por lo que en un Ayuntamiento tan pequeño como el nuestro este principio se vulneraría ya que existen concejales con sueldo encargados de esta labor.
También queremos incidir en lo que se dice en el artículo 18.1 de nuestra Constitución: “ Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen “ y al mismo tiempo en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Junio de 2005, que sienta jurisprudencia, donde se dice que “ las labores de control, seguimiento y, en definitiva, vigilancia (por ejemplo, visionado de las imágenes grabadas) debían llevarse a cabo por empresas de seguridad autorizadas por el Ministerio del Interior.”
El sindicato CSI-CSIF ya reclamó el pasado mes de Marzo, en otro caso similar al nuestro que “ resulta evidente que la instalación de estas cámaras, vulnera el derecho a la intimidad que ampara la Constitución Española y, uno de los requisitos básicos y necesarios para la realización de esta actividad como es el consentimiento expreso del afectado”.
Un último punto a señalar, ya que es importante, es obligatorio indicar con carteles las zonas de grabación, con señalamiento de la persona encargada del tratamiento de las mismas para que cualquier usuario pueda reclamar el derecho de acceso ( sería un poco discutible ya que es muy probable que implicara a terceros ) y cancelación.
Hasta aquí los criterios jurídicos que de soslayo nos hemos preocupado de recabar y a partir de ahora la posición política de nuestro grupo al respecto, que por supuesto defenderá en todo momento el derecho fundamental promulgado desde nuestra Constitución.
Imagínense, que alguno de Ustedes tenga que hacer algún trámite en el Ayuntamiento y de paso alguien les llama por teléfono, algún funcionario tiene que hablar de algo personal con Ud, deposita encima de la mesa documentos propios hasta que termine sus trámites, hablen con miembros de la oposición de algún tema particular etc, etc, etc, ¿ Les gustaría que esas imágenes quedasen grabadas a pesar de que confiasen del buen hacer del gestor de las mismas.?
Imagínense también que cualquier miembro de la oposición esté observando algún documento y pida aclaraciones para el mejor desarrollo de su función a cualquier funcionario de la Administración o que éstos estén hablando con algún vecino sobre un tema concreto, y les comenten que han sido grabados pero que sus grabaciones están en buenas manos. ¿ Les gustaría?
A mí no, porque claramente atentaría sobre la propia intimidad de las personas y ya solo faltaba eso.
Esperemos que se cumplan con los requisitos que exige la Ley, y que se halle a disposición del público hojas de solicitud de rectificación, acceso y cancelación de las imágenes grabadas sin el consentimiento del usuario.
Ante todo y para concretar, existen dos cuestiones evidentes. La vigilancia o es para preservar la seguridad, ( en lo que estaríamos de acuerdo si no fuera porque no existen motivos evidentes que nos den que pensar sobre un peligro inminente para preservar los bienes documentales y si no fuera porque hay otros temas donde es prioritario gastarse este dinero ), o bien, para vigilar a los trabajadores, con el fin de controlar su trabajo confirmando de que algo no está funcionando realmente como ellos quieren.
Es que no hay otra, porque la Ley no lo permite. Y esto se debe de indicar en el mismo momento que se hace la implantación y adaptación del servicio, según el RDLOPD.
Ciudadanas y ciudadanos, si el fin de la colocación de cámaras es el segundo, tendremos que decir que definitivamente tenemos que confirmar que nuestros gobernantes tienen un problema de preocupación obsesiva hacia los derechos fundamentales de las personas, y esto ya es demasiado grave.
Pero aún es peor, si el fin es la seguridad y resulta que hay evidencias de grabaciones, negligencias y divulgaciones por parte de la persona encargada de su tratamiento hacia usuarios o a trabajadores sin una autorización previa, podremos estar hablando de otro “logro” conseguido por nuestro Alcalde, al podernos sancionar con multas de hasta 600.000 euros como ya hemos dicho.
Para terminar diremos que desde nuestro Grupo Municipal, todo esto nos preocupa sobremanera porque la vulneración de derechos es una constante progresiva por parte del Partido Popular. Se preocupan más en tener todo bien atado, que en cumplir los programas por los que fueron votados por los ciudadanos. La obsesión por permanecer en el poder y controlarlo a su antojo es preocupante, en perjuicio de una sociedad que sufre sus consecuencias. Estamos viendo cómo dentro de su partido, existe una escisión muy importante que conllevará a la proliferación de listas alternativas a todavía a un año y poco de las próximas elecciones municipales y que deja patente que a esta gente le preocupa mucho el poder, los votos, y poco, muy poco, los derechos y libertades de la gente de su pueblo y el futuro tan incierto que se vislumbra para este Municipio a causa de una permanente falta de iniciativas.
¿ Estamos entonces ante un nuevo horizonte dominado por una falsa interpretación del ejercicio del poder?. ¿Ante una nueva edición de “ Gran Hermano “ versión municipal con acceso desde el móvil?. ¿O estamos ante la evidencia de que no existen prioridades más urgentes que la de la vigilancia de una institución informatizada, donde no se custodia dinero en efectivo y donde nunca han existido indicios de vulneración de la propiedad?
Como siempre, la respuesta está en Uds.

Un saludo
RAMON RODRIGUEZ DE ALAIZ

AVISO: El acto previsto por nuestro cabeza de lista a las Elecciones Europeas, D. Francisco Sosa Wagner, el día 4 de Mayo de 2014 en la Casa de la Cultura de Sahagún ha quedado anulado, al negarse el Ayuntamiento a concedérnoslo, aún pagando. Os iremos informado de una próxima visita.

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